Hace ya casi treinta días, cuando estalló la crisis de Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, pidió la designación de una autoridad única capaz de gestionar todos los aspectos del drama humanitario que él ya intuía que iba a asolar su ciudad. La petición de Vivas cayó en saco roto, entre otras razones porque el Gobierno esperaba que las más de 70.000 personas que cruzaron la valla de El Tarajal regresarían por donde habían venido. El ministro Marlaska o el ministro Albares se limitaron a no enojar al vecino marroquí en la convicción de que si mantenía la puerta abierta y Ceuta no daba nada a los que habían entrado sin permiso, la crisis acabaría. Pero no fue así.
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