El Gobierno está intentando cerrar, en una negociación in extremis, el real decreto ley de vivienda que prevé aprobar el próximo martes. Se trata de completar la cuadratura de un círculo que sigue siendo demasiado ovalado, pues en él están presentes posiciones divergentes e, incluso, en algunos aspectos antagónicas. “Estamos intentando buscar encaje a las exigencias de Junts y Podemos”, afirmó una fuente implicada en las conversaciones que engloban a todos los socios de investidura. El problema es que el tiempo apremia y el Ministerio de Vivienda tiene apenas 36 horas para cerrar un acuerdo que no puede ser de mínimos por la presión social derivada del desahucio de Maricarmen que ha cristalizado en la acampada en la Puerta del Sol de Madrid.
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