Indignación y mucha preocupación. Son las palabras que más se repiten entre los afectados por la reciente decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados a través de la llamada ley de nietos para los comicios del 29 de noviembre. Un veto que afecta a 163.020 personas, pero que plantea excepciones, lo que abre un complejo frente judicial sobre un censo exterior que, históricamente, apenas ha influido en un puñado de escaños.
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