La Abogacía del Estado se opone a que el Tribunal Supremo plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por un posible choque con la legislación europea de la decisión del Gobierno de llevar a cabo una regularización extraordinaria para los migrantes que lleven en España desde antes del 1 de enero del 2026.
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