Según la memoria relativa al 2025, la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) recibió el año pasado un total de 2.059 denuncias de supuesta corrupción, lo que representa un incremento del 59% respecto al año anterior y un aumento del 502% respecto a la media anual histórica. Estas denuncias centran buena parte de la labor de esta oficina, que proviene muchas veces de particulares que de buena fe ponen en conocimiento el posible delito en entes públicos o privados, sin embargo, la protección de estas personas, amparada por ley, se ve en demasiadas ocasiones comprometida, hasta el punto de recibir serias “represalias” por su proceder. La ley actual, que tiene apenas tres años de vida, no da suficientes garantías a estas personas, como evidenció el director de la OAC, Josep Tomàs Salàs, que enumeró un total de 34 graves carencias de la norma.
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