La primera vez que un político fue condenado por tráfico de influencias en España ocurrió hace 31 años. El histórico alcalde socialista de l’Hospitalet de Llobregat, Juan Ignacio Pujana, fue sentenciado por presionar a funcionarios para adjudicar varios aparcamientos a la empresa de un amigo. Desde entonces se ha evidenciado lo difícil que es discernir ese delito. Hay que demostrar la presión sobre un cargo público por parte de alguien con autoridad para realizar esa coacción. Los expresidentes de gobierno tienen mucha capacidad de influencia cuando se retiran y por eso son codiciados como asesores. ¿Es éste el caso de José Luis Rodríguez Zapatero?
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