La cuestión sumaria de este breve artículo es si el régimen democrático, un conjunto algo mayor que su gobierno, está en condiciones de hacerse cargo de Ceuta y Melilla, golpeadas como nunca, desde el 30 de julio, en su voluntad de ser marcas territoriales europeas. Su ilusión por alcanzar del Ejecutivo ventajas fiscales y de turismo, al envidiable modo del vecino Gibraltar, no ha escapado en cincuenta años de relaciones de la democracia con Marruecos a su largo pasado de fortificaciones periféricas en constante situación de peligro.
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