Uno de los factores que más deterioran la fortaleza de un Gobierno ante la opinión pública es la percepción de fragilidad. En la grave crisis que afecta a Ceuta, y por ende a España, esta percepción ha encontrado argumentos en la incapacidad de anticipar y abordar la avalancha de finales de julio en la frontera, en la sorprendente contradicción de versiones entre los titulares de Interior y Defensa, en la tardía respuesta a la crisis humanitaria y en la movilización de recursos para garantizar la convivencia de los ceutíes, en la aparición de informes policiales no comunicados al Ejecutivo que deterioran su credibilidad y, también, en la determinación de Pedro Sánchez de eludir cualquier responsabilidad directa de Marruecos a pesar de los indicios que apuntan a, como mínimo, una sospechosa omisión del deber de evitar la “invasión”. Y es esta percepción de fragilidad la que, directamente, debilita la imagen del Gobierno y, en paralelo, permite reunir argumentos discursivos a aquellos que desean que esta crisis dirija las miradas hacia opciones políticas que hacen de la fuerza y la seguridad su principal mensaje.
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