A seis semanas de las elecciones generales del 29-N, Pedro Sánchez apremió el domingo al Tribunal Supremo (TS) para que “frene el intento de atropello” que atribuyó a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y permitiera que los descendientes del exilio franquista nacionalizados mediante la llamada ley de nietos puedan votar en las próximas elecciones generales. Y el Alto Tribunal se puso las pilas, como reclamaba el presidente del Gobierno, al emitir su resolución apenas 24 horas después, el pasado lunes, pese a que era la Fiesta Nacional. Pero la decisión del Supremo fue un jarro de agua fría para el Ejecutivo, ya que desestimó el recurso de la Abogacía del Estado y mantuvo la suspensión de los efectos censales de unas 163.000 personas ya nacionalizadas.
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