El principal reto de los gobiernos ante el desafío migratorio es lograr un equilibrio entre la protección de las fronteras, la garantía de los derechos humanos y la integración –social y económica– de las personas que llegan. La política migratoria del Gobierno central estaba logrando, hasta el pasado 30 de julio, que esos tres pilares estuviesen en una considerable armonía. Las entradas irregulares, por tierra y mar, había descendido un 24% gracias al frenazo de la ruta migratoria atlántica. La distribución entre comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados –pese al ruido político– rodaba a buen ritmo, haciendo que los sistemas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla cogiesen aire. Y se había sacado adelante una regularización extraordinaria que podrá sacar de la clandestinidad a un millón de personas, dotándolas de derechos y obligaciones.
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