La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de desclasificar las comunicaciones entre cuerpos policiales, de inteligencia e instituciones con los avisos sobre la crisis de Ceuta ha abierto varios escenarios, algunos más previsibles que otros. Por lo pronto, el Ejecutivo ha puesto al descubierto la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), provocando un gran malestar dentro de los servicios secretos. Ha llevado a la primera dimisión, la del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, y ha impulsado la investigación penal por la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 personas desde Marruecos entre el 30 y 31 de julio.
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