Habría bastado, seguramente, con que alguien se hubiese hecho esta pregunta, la pregunta de por qué hay tantos “nietos” en Argentina, para que la sociedad española se hubiese ahorrado gran parte de la crispación con la que se está conduciendo uno de los debates más enconados y, a la vez, más sensibles y resbaladizos para el sistema constitucional de 1978, como es el de la relación entre la condición de nacional y el derecho al voto. Nada le puede reprochar a Josep Borrell por haber recurrido al derecho comparado en el marco de un enfrentamiento público que sólo de manera tangencial tiene que ver con la cuestión: ni cuando Borrell habló, ni en las semanas que siguieron, existe en la sociedad e instituciones españolas nada parecido a un debate socrático acerca de si quienes no residen en un país deben participar en sus asuntos públicos. Lo que existe, por el contrario, es una gravísima acusación contra concretos servidores del Estado, unos con responsabilidades políticas y otros simplemente funcionariales y administrativas. Se les responsabiliza, ni más ni menos, que de haber manipulado el censo electoral para favorecer a una opción política.
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